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La cuna de la corrupción del PP en Galicia; LA COMISIÓN DE LA CIDADE DA CULTURA DICTAMINA LAS IRREGULARIDADES DEL PP

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XornalGalicia 27 Octubre 2017 2395 Votos

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El improbable consenso en las conclusiones de la comisión que investiga la tramitación de la Cidade da Cultura en el Parlamento gallego se frustró definitivamente ayer en la votación de los dictámenes elaborados por los partidos. Como era previsible, los socios que apoyan al Gobierno impusieron el informe que denuncia irregularidades en la gestión del Ejecutivo Fraga en el monte Gaiás y propone enviar al fiscal las conclusiones de la investigación. 

El texto deberá ser votado en un pleno extraordinario que se celebrará el 27 de diciembre. Ayer, en comisión, socialistas y nacionalistas sólo aceptaron una enmienda técnica del PP para corregir un error de redacción. El diputado del PP Ignacio López Chaves se afanó sin éxito en defender su proyecto de resolución que traslada la mayor parte de "irregularidades e ilegalidades" al bipartito, a pesar de que la nueva Xunta adjudicó contratos por seis millones de euros, frente a los 470 invertirtos por los dos últimos gobiernos del PP. López Chaves se lamentó de que la Xunta actual no informase de cuánto costará reanudar los dos edificios paralizados por la Consellería de Cultura. Y acusó a BNG y PSOE de atacar al Consello de Contas con "la gran mentira de socialistas y nacionalistas". Es, afirmó, "un dictamen de parte" que va mucho más lejos que el organismo fiscalizador. 

 

"Terreno irregular" 

Este parlamentario está convencido de que el Consello de Contas no estaba denunciando "irregularidad alguna" cuando concluyó que el Gobierno de Fraga "abdicó de la gestión prudente de los recursos públicos". Ayer López Chaves volvió a superar la realidad cuando manifestó en sede parlamentaria que el informe de Contas sólo utilizaba el término irregular para "referirse a los desniveles del terreno" en el monte que alberga el macrocomplejo arquitectónico. 

Los portavoces de PSdeg Xaquín Fernández Leiceaga, y Bloque, Carlos Aymerich, acusaron al diputado popular de embarrar el campo y le reprocharon su escasa colaboracion en los trabajos de la ponencia parlamentaria. Los representantes socialistas y nacionalistas aguardaron que el trabajo riguroso de la comisión de investigación sirva para "arrojar luz" sobre la tramitación del proyecto arquitectónico y, sobre todo, para que los errores del pasado no vuelvan a repetirse en otras grandes obras de la Administración. Sus explicaciones no convencieron al parlamentario del PP, que acusó a los socios del bipartito de manipular el dictamen. 

(www.elpais.com, 21/12/07)

PSdeG y BNG piden un informe sobre las incompatibilidades de Pérez Varela

PP, PSdeG y BNG mostraron ayer los argumentos que defenderán en el debate final de las conclusiones de la comisión que a lo largo de cuatro meses ha investigado la gestión de la Cidade da Cultura. Unos argumentos diametralmente opuestos que hacen prácticamente imposible alcanzar un acuerdo y que obligarán al Parlamento a aprobar un dictamen por mayoría que, previsiblemente, será el que ya han negociado el PSdeG y el BNG.

Juicio demoledor a la gestión del proyecto por el Gobierno de Fraga

El informe señala deficiencias en contratos y adjudicaciones

El informe pactado por socialistas y nacionalistas recoge y desarrolla, a lo largo de más de 40 páginas, la práctica totalidad de las conclusiones de la auditoría del Consello de Contas, que dio pie a la investigación parlamentaria. El proyecto de dictamen sintetiza en 12 puntos un juicio demoledor de la gestión del Gobierno de Manuel Fraga en relación con el proyecto.

Tras escuchar a los más de 30 comparecientes citados por la comisión de investigación y examinar los miles de documentos remitidos por la Xunta al Parlamento, PSdeG y BNG han decidido recomendar el envío del dictamen al Ministerio Fiscal, por si de su contenido se dedujese algún indicio de delito en la actuación de los últimos gobiernos del PP.

El documento en cuestión señala, entre otras cosas, las deficiencias de contratos y adjudicaciones relacionadas con el proyecto, así como el vínculo establecido por la fundación con empresas en cuyos órganos directivos figuran ex altos cargos de la Xunta.

Las recomendaciones propuestas por PSdeG y BNG incluyen la solicitud de copia de todas las declaraciones de bienes patrimoniales realizadas por el ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela en los registros correspondientes de la Xunta. También en relación con este ex miembro del Gobierno de Manuel Fraga, el documento en cuestión incluye una petición expresa a la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para que investigue si el que fuera titular de Cultura, que en la actualidad es miembros del Consejo de Administración del ente que gestiona la televisión y la radio autonómicas, está incurso en alguna clase de incompatibilidad en su calidad de administrador de una empresa dedicada, entre otras cosas, a la gestión de patrocinios.

Además de las referencias a la Fiscalía y a Pérez Varela, las recomendaciones incluyen propuestas destinadas a dificultar la reproducción, en el futuro, de irregularidades como las detectadas en la gestión de la Cidade da Cultura.

El documento propone medidas que aseguren la transparencia y el control en la realización de concursos arquitectónicos y una regulación de los Gobiernos en funciones para que no puedan tomar decisiones que comprometan la gestión de sus sucesores.

También recomienda una nueva regulación de las fundaciones y entes instrumentales de la Xunta para garantizar su control económico y financiero, así como que la planificación de grandes obras e infraestructuras públicas se lleve a cabo "cumpliendo de forma rigurosa los procedimientos establecidos en la legislación vigente".

El informe atribuye "a un sueño" del ex presidente Manuel Fraga, tal y como él mismo reconoció en su comparecencia en la comisión de investigación, la génesis de todo el proyecto, que se llevó a cabo de forma opaca, sin nada que justificase su necesidad.

"Un sueño del entonces presidente que no fue fruto de ningún proceso racional de estudio, reflexión y participación", que fue creciendo "impulsado por directrices políticas y partidarias carentes de racionalidad económica y administrativa, en especial a partir de las elecciones de 2001".La propuesta de socialistas y nacionalistas salió ayer de la ponencia sin el apoyo del PP, que ahora tratará de hacer valer sus puntos de vista a través de las enmiendas que presentarán en la comisión y presumiblemente también en el pleno del Parlamento. Los populares sostienen en su propuesta de conclusiones la limpieza de la gestión de los gobiernos del PP y tratan de apoyarla en que el informe del Consello de Contas no fijó responsabilidades contables ni penales.

El documento del PP no deduce ninguna conclusión de las numerosas irregularidades establecidas por el Consello de Contas. Lo más parecido a una autocrítica que figura en su propuesta de dictamen es un párrafo de cuatro líneas que reconoce que se produjo "un incremento de la cantidad calculada como inversión", que "debería haber sido calculada de forma más exacta".

El PP no ve nada malo en su gestión, pero sí en la de sus sucesores, aunque, paradójicamente, el dictamen que han redactado no propone remitir las conclusiones a la Fiscalía, a pesar de que hace acusaciones contra la Xunta actual mucho más graves que las que PSdeG y BNG dirigen al Gobierno anterior.

La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo sólo propone que el Consello de Contas examine la gestión de la Cidade da Cultura desde el cambio de Gobierno, a pesar de afirmar que la Xunta la está utilizando "para crear una red clientelar contratando personas por razones ideológicas y de amistad" y adjudicando contratos a empresas "por proximidad política", todo ello con "el beneplácito del presidente Emilio Pérez Touriño". Este Gobierno, sostiene, infringe la normativa de contratación y desatiende los principios de publicidad y libre concurrencia.

Estas actuaciones, afirma el PP, tienen por único fin "convertir la Cidade da Cultura en una entidad de propaganda ideológica de la concepción cultural del Gobierno, en un instrumento creador de empleo para afiliados y simpatizantes y generador de trabajo para determinado tipo de empresas".

El PP afirma sin rodeos que el actual Gobierno "infringe sistemáticamente la ley" de forma "deliberada y consciente". Y, parafraseando uno de los principales reproches que el Consello de Contas hacía a la gestión de la Xunta durante el mandato del PP, aseguran que "existe una evidente abdicación de las responsabilidades de gestión correcta de los fondos públicos por parte de los actuales responsables políticos de la Cidade da Cultura".

El documento que defienden los populares va más allá de la gestión de la Xunta y extiende sus acusaciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que responsabiliza de haber interferido en el trabajo de redefinición de los contenidos con "una decisión irreflexiva" que constituyó "una muestra de frivolidad política". "La interferencia de Zapatero en la Cidade da Cultura", explica el PP, tiene por objeto "ocultar su política de paralización de las inversiones del Estado en infraestructuras y en el AVE".

Fondos y sanciones

A modo de conclusión final, el dictamen del PP recomienda sancionar a los conselleiros que oculten información al Parlamento o no remitan la documentación que se les solicite de las comisiones. También reclaman medidas legislativas para sancionar a la Xunta cuando no atienda los criterios de la Intervención General y solicita al Gobierno que sea más estricto en la selección del personal para puestos directivos en la Fundación Cidade da Cultura.

El PP reclama que la Xunta remita al Parlamento un informe sobre los nuevos contenidos, usos y proyectos de la Cidade da Cultura, así como sobre los costes derivados de la paralización de las obras durante el tiempo que el Gobierno dedicó a redefinir el complejo de edificios.

Por último, el PP pide que todos los partidos incluyan en sus programas electorales una petición de fondos estatales para el proyecto y sugiere que algunos conselleiros del actual Gobierno han incumplido la ley de incompatibilidades.

El consenso imposible

La posibilidad de que los partidos políticos pongan punto final a la tormenta política desatada en torno a la Cidade da Cultura cuando la comisión de investigación apruebe su dictamen quedó ayer descartada a la vista de las conclusiones, radicalmente opuestas, defendidas por el PP y los grupos que apoyan al actual Gobierno, PSdeG y BNG. La idea había sido planteada por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en la intervención que cerró las comparecencias ante la comisión de investigación, con el fin de devolver al proyecto la credibilidad que necesita para convertirse en un complejo viable en términos culturales y económicos.

El PP se mostró de acuerdo, pero condicionó desde el principio cualquier posibilidad de consenso a que las conclusiones de la comisión de investigación exculpasen la gestión de los Gobiernos de Manuel Fraga, cuestionada por el Consello de Contas el pasado verano.

Fuentes de PSdeG y BNG dejaron claro que nunca aceptarán que el dictamen sacrifique "la verdad" sobre lo ocurrido para garantizar que el proyecto deje de ser objeto de polémica.

www.elpais.es 11.12.07

La comisión de la Cidade da Cultura solicita la declaración patrimonial de Pérez Varela

La comisión de investigación de la Cidade da Cultura quiere pasar de las palabras a los hechos. Un mes después de que socialistas y nacionalistas exigieran al ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela que explicara su patrimonio, ambos grupos han acordado solicitar las declaraciones de bienes del ahora miembro del consejo de administración de TVG. Culmina así el enfrentamiento escenificado en la comparecencia de Pérez Varela ante la comisión, el pasado 29 de octubre.

Pérez Varela entregó sobres con sus declaraciones de actividades y bienes a su paso por la Xunta y por el Parlamento. Las que interesan a los diputados de PSOE y BNG son las del registro del Gobierno gallego, del que Pérez Varela formó parte entre 2001 y 2005, momento en que se impulsó la Cidade da Cultura. La decisión de pedir la apertura de los sobres, de la que no existen precedentes en el Parlamento de Galicia, fue acordada esta semana por el socialista Xaquín Fernández Leiceaga y el nacionalista Carlos Aymerich, que la concretarán en la ponencia de la comisión, que se reunirá esta semana.

El ex conselleiro declaró ayer al conocer la noticia que está "hasta el gorro" de la investigación del Parlamento. "Esto ya me huele a muerto desde hace mucho; tengo más cosas que hacer que estar perdiendo tiempo con este tema", agregó Pérez Varela. El impulsor político del proyecto del monte Gaiás, en Santiago, agregó: "Todo lo mío lo tienen en los expedientes".

La petición, encaminada a aclarar las sospechas de enriquecimiento personal del ex conselleiro, deberá ser avalada por el pleno del Parlamento. Los grupos que sustentan al actual Gobierno gallego dudan sobre la conveniencia de contar con esa información antes de que la comisión emita su dictamen o solicitarla después, ya que en el primer caso podría retrasar la resolución de un trabajo que no quieren demorar más allá del mes de diciembre.

La comparecencia del ex conselleiro del PP ante la comisión derivó en una gran bronca con el portavoz del BNG, Carlos Aymerich. Pérez Varela llamó "miserable" al representante del Bloque cuando éste le atribuyó haber dicho que era millonario. Aymerich replicó tachando al ex responsable de Cultura de "delincuente".

En aquella sesión, socialistas y nacionalista exigieron al principal responsable político del proyecto de la Cidade da Cultura en el Gobierno de Fraga que explicase el origen del patrimonio. Pérez Varela se limitó a responder que sólo tiene una "modestísima empresa", de la que, afirmó, obtiene "pingües beneficios". Con esta expresión, el ex conselleiro quiso decir en realidad que los resultados de la empresa son modestos, algo de lo que se quiere cerciorar la comisión. Aymerich se refirió también a empresas participadas por ex altos cargos de la Xunta y citó la sociedad que Pérez Varela creó junto a su mujer nada más dejar el Gobierno, dedicada a "eventos culturales" y "nuevas tecnologías". www.elpais.es 01.12.07

LA FISCALÍA SOSPECHA QUE HUBO UNA ESTAFA EN LA CIDADE DA CULTURA 

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que "resulta sospechosa" la desviación presupuestaria que acumula el complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura. El proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico del ex presidente Manuel Fraga iba a costar 108 millones de euros en 2001.  

Hoy se habla de un presupuesto superior a los 400 millones. "La Fiscalía no puede dar por buenas según qué cosas", dice José Ramón Piñol, portavoz de este organismo. Han decidido recurrir el archivo de la denuncia interpuesta por el sindicato nacionalista Converxencia Intersindical Galega (CIG) para que se investigasen las obras. 

La CIG solicitó en agosto una investigación judicial sobre las desviaciones y los manejos presupuestarios de la Cidade da Cultura. Aportó como material para la investigación un informe hecho por el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia, el Consello de Contas.  

La denuncia fue archivada el pasado viernes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago consideró que la vía penal no es la adecuada para llevar adelante el proceso. "Hay que desarrollar una investigación profunda, seria y pormenorizada de los aspectos relativos a la obra, su adjudicación y el gasto", estima José Ramón Piñol. En su opinión, sería "dejación de funciones" que la Fiscalía no actuase ante un caso como éste. Han presentado un recurso de reforma a la decisión de la juez.  

La historia es sabida. En febrero del año 2001 comenzaron las obras de un proyecto que buscaba un "efecto Guggenheim" para Galicia. Se trataba de hacer un megacomplejo arquitectónico denominado Cidade da Cultura. Los antiguos responsables del proyecto dicen que la desviación es normal y la atribuyen, en todo caso, al arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman. 

Irregularidades

El PP insiste en que hasta ahora nadie ha detectado ninguna "irregularidad". Políticamente, el debate camina por otros fueros. La Fundación que gestionaba las obras tenía tres personas contratadas como personal de "alta dirección", dos de ellas familiares de destacados miembros del PP gallego. La tercera, el responsable financiero de la entidad, es el cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa. 

"Si se trató de una estafa, sería la estafa más grande de la que tengamos noticia en la historia de la autonomía de Galicia", explica el fiscal y portavoz Piñol. En su opinión, "no resulta muy creíble" que se puedan cometer "errores", al elaborar un presupuesto, que impliquen desviaciones de la magnitud de las acumuladas en la Cidade da Cultura. "Podría haber situaciones que justifiquen una desviación del 10, del 20 o del 30%, o más si pasa algo importante, si se hunde algo, por ejemplo", explica, "pero resulta sospechosa una desviación" del 300%. 

José Ramón Piñol llamaba ayer a la prudencia. Quizás consciente de que sus palabras podrían ser utilizadas para avivar el debate político en Galicia, insiste en que sólo se trata de saber por qué "no se acomoda la divergencia entre lo previsto y lo que se va a gastar al final". Y deja claro que, "si las actuaciones fueron de buena fe, no serían punibles".  

Recuerda, eso sí, que "cualquier familia hace su presupuesto y puede haber un margen de error", pero el 300% le parece exagerado. El ex presidente Manuel Fraga y el actual líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijoo, comparecerán hoy ante la comisión del Parlamento de Galicia que investiga lo sucedido. Quizás sus palabras aporten más luz sobre el caso. 

(www.publico.es, 07/11/07)

La piedra de la Cidade da Cultura se eligió un año antes de salir a concurso

La familia Cuiña se hizo con las subcontratas más sustanciosas del Gaiás

La Fundación Cidade da Cultura encargó un informe sobre la colocación, en las cubiertas de los edificios que se construyen en el monte Gaiás, de la piedra cuarcita que se produce en la localidad lucense de Muras un año antes de que un concurso público decidiese adjudicarle el suministro de este material a una unión temporal de empresa participada por la sociedad Piedra Natural de Muras SL.

El informe en cuestión fue realizado en 2002 por la empresa Proesga, dedicada a la instalación de fachadas, y el concurso a favor de Piedra Natural de Muras se falló en el mes de julio de 2003.

La empresa tiene como administrador al ex alcalde popular de Ortigueira Antonio Campo y desde hace siete años explota sin licencia la denominada mina Angelita, de la que se extrae la cuarcita. Campo dimitió de su cargo el pasado 4 de octubre, apenas una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.

Por otra parte, la empresa Inasus, pieza clave del grupo empresarial propiedad de la familia del ex conselleiro de Política Territorial José Cuiña destaca entre las sociedades que se beneficiaron de subcontratas en las obras de construcción de los edificios de la Cidade da Cultura. Inasus obtuvo las subcontrataciones más sustanciosas del pastel del Gaiás: el 6,8% del edificio de servicios centrales (adjudicado a Necso-Copasa por 19,92 millones), el 13,25% de la Biblioteca (38,74 millones) y nada menos que el 19,29% del Museo de Historia (48,29 millones).

Sólo por su participación en las obras de construcción de estos tres edificios, para los que produjo y colocó en fachadas aluminio y vidrio, Inasus obtuvo contratos por un total de 15,7 millones de euros.

www.elpais.es 28.10.07

Tres contratos, tres parientes

Sólo tres profesionales firmaron con la Fundación Cidade da Cultura contratos de alta dirección en los tiempos del Ejecutivo Fraga. Y los tres tenían vínculos familiares de primer grado con altos cargos del PP. El arquitecto director de la oficina del proyecto, Alfredo Díaz Grande, está casado con Pilar Rojo, delegada provincial de Cultura en Pontevedra cuando su marido comenzó a colaborar con la fundación. El director gerente de la entidad, Ángel Currás, es hermano de Celso Currás, conselleiro de Educación (1996-2005). El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, completa la nómina de altos cargos.

La esposa de Grande, Pilar Rojo, sería nombrada máxima responsable autonómica de Cultura en 2003. Grande es el único de los tres altos directivos de la fundación que ya ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento gallego. Lo hizo la semana pasada. Aseguró no acordarse de muchas de las cosas que le preguntaron, incluida la fecha de su contratación y el monto de sus honorarios. Justificó sus olvidos aludiendo a la fecha de inicio de su colaboración con la Cidade da Cultura. Según su versión, desde 1999 asesoró el concurso internacional para la adjudicación del proyecto. Para el Consello de Contas, el puesto que ocupaba Grande tampoco hacía necesaria la celebración de un contrato de alta dirección. Según el informe, sólo el puesto de director gerente de la entidad precisaba tal vinculación laboral.
Los lazos de Currá

El director gerente de la fundación había sido biólogo antes que gestor, biólogo y docente durante 20 años. Ángel Currás, hermano del conselleiro de Educación, tomó posesión de su cargo en noviembre de 2000. Desde 1996 había sido director económico-administrativo del proyecto de capitalidad europea de Santiago. Si bien Currás ya era el máximo responsable de la fundación cuando Balboa fue contratado, el contrato del cuñado de Rajoy lo firmó personalmente Jesús Pérez Varela. www.elpais.es 23.10.07

Una auditoría oficial destapa desfases millonarios y tratos de favor en 2003 y 2004 - El Gobierno autónomo benefició a socios de altos cargos y a empresarios cercanos al PP

Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobeo o la construcción de un faraónico complejo cultural en Santiago. El informe también revela tratos de favor a socios de altos cargos del gobierno del PP, a empresarios vinculados al partido y a grandes compañías como Unión Fenosa.

El ex presidente gallego Manuel Fraga se empeñó a finales de los noventa en levantar a las afueras de Santiago un descomunal complejo cultural que sólo en gastos de mantenimiento absorbería 48 millones de euros al año. Los auditores oficiales de Galicia han revelado ahora que el proyecto, llamado Cidade da Cultura, le saldrá a las arcas públicas incluso mucho más caro de lo esperado. Lo invertido en la obra supera ya los 373 millones, el triple de lo previsto, y su utilidad está cuestionada. Las cuentas de este agujero negro fueron auditadas por un socio de varios altos cargos de Fraga.

El Consello de Contas, órgano fiscalizador de la Administración gallega, acusa al anterior Gobierno del PP de "abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos". Con esta actitud en el manejo del dinero de los gallegos, el equipo de Fraga provocó, por ejemplo, que los gastos de ejecución de la Cidade da Cultura se hayan triplicado en favor del autor del proyecto, el arquitecto Peter Eisenman.

Eisenman acordó con la Xunta en 2000 unos honorarios de casi 14 millones de euros, que crecerían proporcionalmente si así lo hacía el presupuesto de la obra, tal y como ocurrió. Además de estos jugosos ingresos, el arquitecto estadounidense recibió carta blanca para actuar con "total libertad presupuestaria".

Cuando en 2005 socialistas y nacionalistas tomaron las riendas de la Xunta, encomendaron a un comité de sabios la labor de enderezar en lo posible este faraónico proyecto dándole contenido a los edificios del complejo. El Consello de Contas critica también que estos asesores contratados por el bipartito gocen de competencias excesivas en las decisiones de gasto. El ejemplo más extremo es el de los expertos encargados de hacer viable una biblioteca: impulsaron la construcción de un aparcamiento para los futuros trabajadores del recinto que costará "seis veces más" que los fondos bibliográficos.

El supuesto control de las cuentas de la fundación que gestiona la construcción de este complejo ha estado en manos de una empresa que logró sustanciosos contratos del Gobierno de Fraga. El responsable de esta sociedad es una persona cercana el PP gallego. Auditores Asociados de Galicia tiene como administrador a Francisco Loimil, que ahora es socio de varios ex altos cargos de la Consellería de Cultura, el departamento del que depende la ejecución de la Cidade da Cultura. Su esposa trabaja en la fundación que dirige el proyecto.

Loimil es secretario, consejero y administrador de la empresa Comunled, SA, en la que figuran José Manuel Soto Vázquez y José María Sánchez González, ex altos cargos de la citada consejería, y Francisco Campos Freire, anterior director general de la radio y televisión autonómicas.

En Comunled aparecen directivos de grandes empresas que tuvieron también relación con la consultora que se encargó de controlar las cuentas de la Cidade da Cultura. Estas compañías patrocinaron el Xacobeo a través de Auditores Asociados de Galicia, otro de los trabajos que esta sociedad hizo para el Gobierno gallego. Por lograr patrocinadores, la compañía de Loimil le cobró a la Xunta más de 4 millones de euros, pese a que había otra empresa que ofrecía el mismo servicio por 47.996 euros. Otro organismo público, la Fundación Galega para o Deporte, le pagó a Auditores Asociados de Galicia más de un millón de euros por buscar patrocinadores, tras un concurso que, según los auditores oficiales, se diseñó a medida.

Socios de Loimil en Comunled son Ricardo Oñate Fernández, secretario general de Leche Pascual; Ángel Barutell Farinós, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, y Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte en los gobiernos socialistas. También ha formado parte de esta sociedad Carlos Illa Martínez, ex director de Patrocinios y Cuentas Publicitarias de Telefónica España.

El conselleiro maior de Contas dice que el informe conlleva "responsabilidades"

El recién nombrado conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López, aseguró que el último informe fiscalizador de este órgano relativo al año 2004 "puede derivar en responsabilidades" para la administración anterior presidida por Manuel Fraga. López, que no formaba parte del órgano consultivo que redactó el dictamen, quiso diferenciar entre los "distintos niveles de incumplimientos" de la Xunta gobernada por el Partido Popular. "Los informes ponen de manifiesto ciertas irregularidades, pero no podemos hacer una iguala absoluta entre irregularidades -ya sean presupuestarias, de contratación o de eficacia del gasto- con actuaciones delictivas, aunque hay algunas que podrían derivar en responsabilidades, claro que sí", advirtió el conselleiro maior.

En una entrevista en la Cadena SER, el máximo responsable de la institución se felicitó por la acogida que ha tenido el informe y recordó que pese a "haber dado mucho que hablar", en esta ocasión se ha asumido como un "trabajo serio" porque "nadie ha intentado matar al mensajero".

López, que tomará posesión de su cargo en septiembre, afirmó que el Consello está "asentado y bien valorado", aunque admitió que la institución debería hacer un esfuerzo para que los informes publicados se acerquen al período de gobierno que es objeto de fiscalización. "Estoy seguro de que algo se pueden acortar los tiempos", apuntó, "pero los informes nunca podrán ser inmediatos". Explicó que las instituciones auditadas tienen un plazo de entre siete y diez meses después del cierre del ejercicio para presentar la documentación y que entonces comienza el trabajo del Consello de Contas que consiste en "borradores, análisis definitivos y publicación".

Cuando concluyen estos trámites, los organismos o gobiernos auditados deben todavía realizar alegaciones, por eso el informe final puede demorarse unos dos años. El conselleiro maior admitió como inevitable que las conclusiones sobre los dos últimos años de gestión de un gobierno lleguen cuando hayan pasado las elecciones y probablemente con un nuevo ejecutivo en el poder.

En cualquier caso, reiteró que el organismo que preside no es el "único control del gasto público" y apeló a los servicios de intervención de las distintas instituciones para garantizar "el alto nivel de control que hay sobre los medios públicos". Entre las disfunciones admitidas por Antonio López está además el bajo cumplimiento de rendición de cuentas de determinados responsables políticos. "Aunque no todos son casos de rebeldía e incumplimiento puro y duro, hay 88 ayuntamientos y entidades supramunicipales" que no presentan sus números al Consello.

El responsable de Contas certificó que existen "incumplimientos deliberados" y abogó por buscar fórmulas para colaborar con los pequeños municipios que carecen de medios personales y técnicos que le permitan "hacer frente a este deber".

López anticipó que apostará por el uso de las nuevas tecnologías para incrementar la productividad del organismo y anunció cambios al frente de las distintas áreas de responsabilidad en el Consello de Contas.

www.elpais.es  16.08.07

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