LA VALEDORA DO POBO Y PARLAMENTO DE GALICIA SE FINANCIAN CON DINERO DE LA XUNTA DE GALICIA, QUE DESPUÉS DESVIARON A UNA CUENTA PRIVADA DE LA ASESORA DE FEIJOO, MARIA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA EN ABANCA, DINERO PÚBLICO CUYO DESTINO SIGUE SIENDO DESCONOCIDO A DIA DE HOY. La asesora de Feijóo mantiene "volando en cielos desconocidos millones de euros" recaudados en nombre del Civid 19

LA JUSTICIA DEBE INVESTIGAR A LA ASESORA DE FEIJÓO ANTE ACUSACIONES TAN GRAVES Y CONVERTIDA EN DIPUTADA NACIONAL.-  La situación que se detalla en torno a Mar Sánchez Sierra, asesora de Alberto Núñez Feijóo, y su presunta implicación en una trama de recaudación y blanqueo de capitales en el contexto de la pandemia del COVID-19 es sumamente grave y preocupante. Las acusaciones no solo apuntan a un uso ilegal de fondos públicos, sino que también involucran una falta absoluta de transparencia en la gestión de dichos recursos, lo que genera una sombra de corrupción que alcanza a los más altos niveles del Partido Popular gallego. " Todos los documentos descargables al final de artículo, suficienets que acreditan los indicios de delito penal ".

Según los informes, Mar Sánchez Sierra, exsecretaria de Medios de la Xunta de Galicia, en colaboración con Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, habrían montado una estructura financiera irregular mediante la cual se recaudaron donaciones a través de una cuenta bancaria abierta “ad hoc” en Abanca, solicitando a los ciudadanos que realizaran los ingresos bajo el concepto “anónimo”. Esta estrategia permitiría, presuntamente, la filtración de grandes sumas de dinero, incluyendo fondos provenientes de paraísos fiscales, sin los correspondientes mecanismos de control y rendición de cuentas.

Ilegalidad de las actividades

Es importante recordar que, en España, es absolutamente ilegal que funcionarios públicos gestionen fondos a través de cuentas privadas. La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece claramente en su artículo 13 que todas las entidades que reciban donaciones deben declarar la totalidad de sus rentas, tanto exentas como no exentas, por el Impuesto de Sociedades. Además, la normativa fiscal española prohíbe la recaudación de fondos sin los correspondientes identificadores fiscales o documentos nacionales de identidad, lo que hace que cualquier transacción bajo el concepto “anónimo” sea altamente sospechosa e ilegal.

Mar Sánchez Sierra, en su posición como funcionaria pública, estaba obligada a cumplir con estas normativas, y sin embargo, la documentación disponible sugiere que participó en actividades que claramente las violaban. A través de campañas publicitarias pagadas con fondos públicos, se solicitaban donaciones que se ingresaban en cuentas bancarias privadas, como la abierta en Abanca (ES23 2080 0388 2231 1000 3170), lo que constituye una grave violación de la normativa financiera y fiscal española.

La trama y los fondos del COVID-19

La gravedad de las acusaciones se incrementa al considerar el contexto en el que se desarrollaron estas actividades: la pandemia del COVID-19. Durante una crisis sanitaria sin precedentes, en la que miles de personas estaban perdiendo la vida y millones más enfrentaban dificultades económicas, Sánchez Sierra y Escotet supuestamente aprovecharon la situación para montar una estructura financiera destinada al presunto blanqueo de capitales, en lugar de destinar los fondos recaudados a la lucha contra el virus.

El 27 de marzo de 2020, Mar Sánchez Sierra firmó una resolución oficial de la Xunta de Galicia, adjudicando un contrato por un valor de 333.333,32 euros públicos a la empresa Reclam Publicidad Marketing y Artes Gráficas SAU para la realización de “comunicaciones sobre las actividades de emergencia de la Xunta en relación con el COVID-19”. Solo unos días después, el 7 de abril de 2020, se publicó en todos los medios de comunicación gallegos una página de publicidad solicitando donaciones para la lucha contra la pandemia, en la cuenta de Abanca mencionada, con el concepto “anónimo” como preferencia para los ingresos.

Lo que es aún más alarmante es que solo dos días después de que se comenzara a pedir donativos, el Parlamento de Galicia y la Valedora do Pobo transfirieron 2 millones de euros cada uno a la Xunta de Galicia, supuestamente para apoyar la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, cuando se solicitó información sobre el destino de estos fondos, la Comisión de Transparencia de Galicia, bajo el expediente RSCTG-49-2020, respondió que no existía información al respecto y que la Xunta no había solicitado formalmente esos donativos, lo que sugiere una completa falta de control y transparencia en la gestión de estos recursos.

Encubrimiento y falta de transparencia

La negativa de la Xunta y la Consellería de Sanidad a proporcionar documentación detallada sobre el destino de los fondos recaudados es un claro indicio de encubrimiento. El 5 de abril de 2020, Pladesemapesga, una plataforma ciudadana, solicitó información a la Consellería de Sanidad sobre los donativos y las cuentas bancarias abiertas a nombre del SERGAS (el Servicio Gallego de Salud) para la lucha contra el coronavirus. En su respuesta, emitida el 16 de abril de 2020, la Consellería de Sanidad negó rotundamente haber solicitado donaciones, lo que contradice las acciones de Mar Sánchez Sierra y el uso de su cargo público para organizar la recaudación de fondos.

Esto plantea serias dudas sobre el destino de los millones de euros recaudados. ¿A dónde fueron a parar los fondos donados? La falta de información y la negativa a proporcionar detalles claros sobre la gestión de estos recursos solo refuerzan las sospechas de malversación y posible blanqueo de capitales. La coincidencia entre la desaparición de los fondos y el crecimiento patrimonial de Sánchez Sierra en ese mismo periodo añade aún más sospechas sobre el uso personal de los fondos públicos destinados a la lucha contra la pandemia.

Enriquecimiento inexplicable

Una de las acusaciones más contundentes es que, durante el mismo periodo en que se recaudaban estos fondos, Mar Sánchez Sierra aumentó de manera considerable su patrimonio personal, adquiriendo fincas, pisos, bajos y naves. Este tipo de enriquecimiento inexplicable suele ser un indicio claro de malversación de fondos públicos, especialmente cuando está vinculado a la gestión de dinero sin control ni fiscalización, como parece ser el caso aquí.

Es importante destacar que estas adquisiciones no fueron debidamente declaradas ni registradas de manera transparente hasta mucho después, ocultando deliberadamente el origen de los fondos utilizados para estas compras. La opacidad con la que se han manejado tanto las cuentas públicas como el patrimonio personal de Sánchez Sierra constituye una violación grave de los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la actuación de cualquier funcionario público.

Consecuencias políticas y judiciales

Las implicaciones políticas de este escándalo son profundas. Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia y superior jerárquico de Mar Sánchez Sierra, no puede desentenderse de las acciones de su asesora. El hecho de que haya permitido que una persona de su entorno más cercano participe en actividades tan gravemente cuestionables pone en duda su liderazgo y su compromiso con la transparencia y la legalidad. Feijóo debe aclarar públicamente si tenía conocimiento de las actividades de Sánchez Sierra y, en caso afirmativo, qué medidas tomó para evitar que se produjera este escándalo.

A nivel judicial, este caso debería ser investigado de manera exhaustiva para determinar si se cometieron delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el destino de los fondos recaudados durante la pandemia y, si se demuestra que fueron desviados para enriquecimiento personal, los responsables deben rendir cuentas ante la justicia.

Conclusión

Las acusaciones contra Mar Sánchez Sierra y su presunta implicación en una trama de recaudación y blanqueo de capitales durante la pandemia del COVID-19 son extremadamente serias y no pueden ser ignoradas. La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos, la negativa a proporcionar información detallada sobre el destino de los donativos, y el aumento inexplicable del patrimonio personal de la asesora de Feijóo son indicios claros de corrupción.

La situación requiere una investigación judicial inmediata y la rendición de cuentas por parte de todos los implicados, incluidos Sánchez Sierra y Feijóo. En tiempos de crisis, la ciudadanía confía en que sus líderes actúen con integridad y responsabilidad, y este caso pone en duda esos valores en el seno del gobierno gallego.

Documentos oficiales confirmarían sospechas de corrupción en torno a María del Mar Sánchez Sierra, asesora de Alberto Núñez Feijóo

https://www.elpublique.me/2023/11/documentos-oficiales-confirmarian.html

El Parlamento de Galicia trasladó la petición a Maria del Mar Sánchez Sierra que nunca respondió a día de hoy ver descargable que dice:

.....,"o Parlamento non dispón de información sobre o destino final ao que a Xunta de Galicia dedicou ou poida dedicar os fondos transferidos. Motivo polo que ao non estar esa información no noso poder, trasladámoslle a súa solicitude á Xunta de Galicia, ao abeiro do estipulado no artigo 19.1 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobemo." hasta hoy, la asesora de Feijóo como Ex Secretaria de Medios desconocía la Ley de Transparencia en la que es obligado resolver.